MIBEL

El Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL) constituye una iniciativa conjunta de los Gobiernos de Portugal y España, destinada a la construcción de un mercado regional de electricidad.

Con la materialización del MIBEL pasó a ser posible, para cualquier consumidor en el espacio ibérico, adquirir energía eléctrica, en un régimen de libre competencia, a cualquier productor o comercializador que actúe en Portugal o en España.

Las principales metas del MIBEL son las siguientes:

  • Beneficiar a los consumidores de electricidad de ambos países, a través del proceso de integración de los respectivos sistemas eléctricos;
  • Estructurar el funcionamiento del mercado con base en los principios de transparencia, libre competencia, objetividad, liquidez, autofinanciación y autoorganización;
  • Favorecer el desarrollo del mercado de electricidad de ambos países, con la existencia de una metodología única e integrada, para toda la península ibérica, de definición de los precios de referencia;
  • Permitir a todos los participantes el libre acceso al mercado, en condiciones de igualdad de derechos y obligaciones, transparencia y objetividad;
  • Favorecer la eficiencia económica de las empresas del sector eléctrico, promoviendo la libre competencia entre ellas.

El proceso de convergencia de los sistemas eléctricos portugués y español se inició formalmente con la celebración del "Protocolo de colaboración entre las Administraciones española y portuguesa para la creación del Mercado Ibérico de Electricidad", en noviembre de 2001. En ese documento, los dos países establecieron las bases necesarias para el inicio de la cooperación entre las diversas entidades con responsabilidades dentro del sector –administraciones, reguladores y operadores– con miras a la armonización de las condiciones de participación de los agentes económicos en el marco del MIBEL.

Este proceso culminará con la celebración del Convenio internacional relativo a la constitución de un mercado ibérico de la energía eléctrica entre el Reino de España y la República Portuguesa, cuyos principios fundamentales son los de transparencia, libre competencia, objetividad, liquidez, autofinanciación y autoorganización de los mercados.